Coca-Cola ha sido objeto de críticas renovadas tras la publicación de un informe que expone presuntos vínculos entre sus embotelladoras en Colombia y grupos paramilitares responsables de actos de violencia contra trabajadores sindicalizados. La demanda, presentada en 2001 por el sindicato colombiano Sinaltrainal en un tribunal de Miami, alegaba que Panamco, una embotelladora afiliada a Coca-Cola, colaboró con grupos paramilitares en el asesinato de varios miembros del sindicato.
Aunque el caso fue desestimado en 2006 por falta de jurisdicción, y la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU. confirmó esta decisión en 2009, las acusaciones han persistido en el tiempo, generando campañas de boicot y protestas en varios países. Coca-Cola ha negado cualquier implicación en violaciones de derechos humanos y ha señalado que no posee ni opera directamente las plantas en cuestión.
Este caso ha resaltado las preocupaciones sobre la responsabilidad corporativa en contextos de conflicto armado y la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras para los trabajadores en todo el mundo.
