La administración del expresidente Donald Trump ha declarado que no tiene la obligación legal de facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, residente de Maryland, quien fue deportado ilegalmente a El Salvador en marzo de 2025. A pesar de una orden de la Corte Suprema que instruye “facilitar” su liberación, el Departamento de Justicia interpreta que esto solo requiere admitirlo si logra regresar por sus propios medios, sin que el gobierno estadounidense deba intervenir directamente.
Contexto del caso:
Abrego García, de 29 años, fue deportado a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión debido a un temor creíble de persecución por parte de pandillas en El Salvador. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Postura del gobierno estadounidense:
El Departamento de Justicia ha argumentado que obligar al Ejecutivo a solicitar la liberación de Abrego García implicaría una intromisión en la soberanía de El Salvador y excedería la autoridad judicial, ya que interferiría con las facultades presidenciales en materia de relaciones exteriores.
Críticas y preocupaciones:
La negativa del gobierno ha generado críticas por parte de defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes consideran que se está comprometiendo el debido proceso y los derechos civiles. Además, la administración ha sido acusada de utilizar deportaciones como herramienta política, especialmente en casos donde las acusaciones de afiliación a pandillas no han sido respaldadas con pruebas sólidas en los tribunales. }
El caso de Abrego García continúa generando debate sobre las responsabilidades del gobierno estadounidense en la protección de los derechos de los inmigrantes y el respeto a las decisiones judiciales.
