La Corte Suprema de EE. UU. emitió una orden de emergencia que bloquea temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos detenidos en Texas, las cuales se realizaban bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Esta decisión se produce tras una apelación presentada por la ACLU, que argumentó que las expulsiones se estaban llevando a cabo sin el debido proceso legal.
Alessandro Paredes, un migrante venezolano de 19 años detenido en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, relató que fue despertado a las 4 a.m. y trasladado en una furgoneta hacia un aeropuerto para ser deportado. Sin embargo, antes de abordar el avión, el vehículo dio la vuelta y regresó al centro de detención. Paredes describió la situación como “totalmente ilegal y fuera de lugar”.
La administración Trump ha defendido estas deportaciones, alegando que los migrantes están vinculados a bandas criminales como el Tren de Aragua. No obstante, críticos argumentan que la aplicación de una ley de tiempos de guerra para justificar estas acciones es un abuso de poder. El juez Samuel Alito, en una disidencia, calificó la intervención de la Corte Suprema como apresurada y sin el debido proceso.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y la necesidad de garantizar el debido proceso legal para todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
