El 18 de octubre de 2024, Donald Trump reiteró su promesa de deportar masivamente a inmigrantes sin permiso de residencia si es reelegido presidente de Estados Unidos. Durante una entrevista en la cadena ABC, JD Vance, compañero de fórmula y candidato a la vicepresidencia, mencionó una cifra inicial: “Empecemos con un millón de personas”. Afirmó que la administración actual, liderada por Kamala Harris, había fallado en este aspecto y que la campaña de Trump buscaría corregirlo.
El plan de “deportaciones masivas”, aunque parte central de la plataforma electoral de Trump, enfrenta numerosos desafíos. Expulsar a millones de personas plantea complicaciones legales y prácticas. La mayoría de los migrantes indocumentados, unos 11 millones según el Departamento de Seguridad Nacional y el Pew Research Institute, llevan al menos una década viviendo en el país. Cualquier deportación masiva implicaría garantizar el debido proceso legal a los inmigrantes, incluyendo audiencias judiciales que, actualmente, sufren de grandes retrasos por la sobrecarga de los tribunales de inmigración.
Otro obstáculo sería la falta de cooperación de las llamadas “ciudades santuario”, que limitan la colaboración entre la policía local y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En muchas áreas, como los condados de Broward y Palm Beach en Florida, los funcionarios locales ya han expresado su negativa a colaborar con programas de deportación masiva, lo que dificultaría la implementación del plan de Trump.
Además, se anticipan batallas legales significativas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, lo que podría retrasar o bloquear la ejecución de estas deportaciones.
